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Charla sobre derechos de los inmigrantes y empadronamiento en Montserrat

Los integrantes de la Secretaría de Política Internacional de La Cámpora llevaron adelante una charla sobre derechos de los inmigrantes y empadronamiento en la Unidad Básica “La Fuerza de un […]

MONSE8

Los integrantes de la Secretaría de Política Internacional de La Cámpora llevaron adelante una charla sobre derechos de los inmigrantes y empadronamiento en la Unidad Básica “La Fuerza de un Pueblo”, ubicada en el barrio porteño de Montserrat.

Con una gran concurrencia de vecinos y vecinas, los militantes dieron inicio a la actividad tomando como disparador la Ley Nacional de Migraciones 25.871, sancionada en el año 2003 y definida por el entonces presidente Néstor Kirchner como “una nueva ley, más inclusiva y acorde a nuestra historia de país receptor”.

En ese marco, se recordó el discurso que realizó el ex mandatario en la apertura de Sesiones Legislativas del año 2004, a pocos meses de la sanción de la flamante ley: “Que el mundo sepa que los argentinos, que hemos sido víctimas y protagonistas de las más crueles violaciones a los derechos humanos producidas que se conozcan, estamos encaminados a su más firme defensa. Y aquí no caben discursos. Nuestra acción cotidiana tiene que estar cargada de ese respeto y nuestro futuro sólo puede tener ese matiz”, había expresado Kirchner, marcando el nuevo rumbo de la política de Derechos Humanos en el país.

La Ley Nacional de Migraciones reconoce que el derecho a la migración es “esencial e inalienable de la persona” y que es deber del Estado asegurar a los inmigrantes el acceso igualitario a la educación y a la salud, sin importar que exista una situación de documentación irregular. Esto significó un profundo cambio de paradigma respecto del reconocimiento de derechos esenciales a los inmigrantes, así como el avance hacia la inclusión e integración regional.

Bajo este nuevo marco normativo, se detalló que el programa “Patria Grande”, del año 2006, permitió la documentación de más de 400.000 extranjeros, provenientes de los países integrantes del MERCOSUR y asociados. Luego, con la reglamentación de la ley en 2010, se inauguró la posibilidad de que los inmigrantes puedan obtener su residencia mediante un trámite más ágil y con menos requisitos expulsivos.

Esta etapa de reconocimiento de derechos incluye la posibilidad de votar, resultando indispensable el empadronamiento de los inmigrantes que pretendan ejercer su derecho electoral. En ese sentido, se destacó el proyecto de ley presentado en 2014 y en 2016 por la legisladora porteña del FpV Paula Penacca, que contempla la incorporación automática en un padrón único a los extranjeros que cumplan con los requisitos en el Registro de Electoras y Electores Extranjeros/as Residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo ejercer el derecho al voto en las mismas escuelas y mesas que el resto de los ciudadanos y posibilitando su candidatura a integrar la Junta Comunal.

Durante la charla, se describieron los trámites necesarios para obtener la residencia y el DNI, qué requisitos no corresponde que se les pidan al solicitante, cuándo se está ejerciendo abuso de poder por parte de los funcionarios que reciben el trámite y dónde acudir en ese caso.

Sin embargo, se explicó que tras el reciente Decreto 70/2017 firmado por Mauricio Macri, el reconocimiento de derechos a los inmigrantes se encuentran actualmente en riesgo, ya que promueve una política restrictiva, de persecución y criminalización, ampliando las causas de expulsión de los inmigrantes y otorgando mayores atribuciones a la Dirección Nacional de Migraciones. Con este recurso, el Gobierno pretende modificar la legislación penal vigente, violando así la propia Constitución Nacional.

Desde la reducción horaria en las oficinas de atención al público de la Dirección Nacional de Migraciones, hasta la eliminación del programa de operativos en los barrios de todo el país (que se efectuaba durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), es evidente la intención de la gestión de Cambiemos de desincentivar la regularización migratoria de los extranjeros y, en la medida de lo posible, promover su expulsión arbitraria.

Sumado a ello, tanto desde el Gobierno como desde los medios masivos de comunicación, se pretende asociar a los inmigrantes a conductas delictivas, manipulando estadísticas con el fin de convencer a la sociedad de un falso razonamiento.

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